España gasta más al año en profesores de religión que en programas de ayudas a proyectos de investigación básica

La financiación de la ciencia en España, el riego a manta y el riego por goteo

Desde hace meses el Gobierno de España está estudiando cómo modificar nuestro sistema de educación superior (Universidad) e investigación pública (Universidad y centros específicos). Nadie sabe muy bien por dónde acabará saliendo la comisión de estudios nombrada al efecto, ni si luego el Gobierno hará caso a sus recomendaciones o no. Y la verdad es que el tema no es fácil. Yo reconozco, sin ir más lejos, que me siento incapaz de asegurar qué remedios deberían aplicarse con garantías de éxito. El tema es resbaladizo, complejo y además para cambiar algo de verdad requiere modificar muchas cosas más interdependientes de lo que parece desde fuera: selección del profesorado, gobierno de las universidades, organización de la docencia, organización de la investigación…

En materia de investigación, de eso que se llama I+D+i, sin embargo, ya tenemos muchas pistas de por dónde van los tiros. El resumen de lo que está haciendo el Ministerio en la materia es sencillo: recortar, recortar como si no hubiera mañana, recortar hasta dejar la financiación de la investigación básica en España en niveles impropios de un país con el PIB de España y todavía más impropios de una sociedad que pretenda pintar algo en el mundo, con el tamaño que tiene nuestro país, en los próximos años. No voy a cansarles con el discurso, que seguro que no les hace falta, sobre las razones por las que nos jugamos mucho en este terreno y a todos nos conviene que las cosas se hagan bien. Sabemos todos, en abstracto, de qué va esto. Pero para situarnos en el concreto espacio en que nos movemos a la hora de evaluar los recortes, su incidencia y las prioridades del Gobierno una comparación todo lo demagógica que se quiera pero que en realidad no lo es tanto: España se gasta al año en pagar a profesores de religión para que enseñen en las escuelas públicas a los niños chorradas sobre supercherías varias más dinero (unos 500 millones de euros) de lo que cuesta cada ejercicio todo el programa de ayudas a proyectos de investigación básica (400 millones en 2012, 300 en 2013 con el tijeretazo de turno), que como es obvio no es todo el dinero para I+D+i que dedica España, pero es una parte importante, que sirve para crear y consolidar grupos y estructuras de investigación. Las cifras hablan por sí solas de varias cosas: de prioridades, sí, pero también de hasta qué punto recortar en investigación científica supone un ahorro más bien humilde, a la hora de la verdad, un elemento que conviene recordar y contraponer a los demoledores efectos que puede tener a medio y largo plazo, por el contrario, aplicar la tijera sin ton ni son.

España no está mal, a pesar de lo que solemos pensar en medio de nuestros ejercicios espirituales rituales de patriomasoquismo, almmenos no para lo que es nuestro país, en ciencia. A pesar del secular retraso y lo nefasto que fue gran parte del siglo XX el incremento de la financiación de las últimas décadas nos ha convertido, al menos, en una potencia científica acorde a lo que deberíamos ser por PIB. No está mal. Incluso si acudimos a listas donde se analiza no sólo cuantitativamente la producción sino que relacionan este elemento con el impacto de la misma nuestra posición es más o menos la que toca. España, a día de hoy, tras el esfuerzo inversor de muchos años, está en torno a puesto n° 10 del mundo en casi todos los medidores sobre nuestra producción científica. Es más o menos, como decíamos, lo que se espera a partir de nuestro PIB. De hecho, incluso, podría decirse que es hasta levemente mejor de lo que debería ser (pero bueno, esto ya es cuestión de gustos y de cómo medimos y, en el fondo, más una cuestión de matiz).

¿Significan estos datos que todo en España se hace bien? Obviamente, quien conoce el sistema sabe que no. Y quien mire con detalle los datos comprenderá que tampoco es todo tan bueno como parece. España está donde está porque es mejor o mucho mejor que países con más PIB que nosotros o un PIB semejante pero que están mucho menos desarrollados que nosotros (Brasil, México…) mientras que, a su vez, está muy cerca (aunque por encima) de países europeos mucho más pequeños que nosotros ¿Qué significa esto? Pues que en parte estamos donde estamos por puro PIB, algo que augura problemas a la vista de la evolución del resto del mundo y de los países con mucha población en vías de desarrollo. Y también quiere decir que no hemos logrado un retorno en resultados tan grande como otros países europeos de tamaño medio.

En un entorno recesivo como el que nos toca vivir eso significa que urge mirar a quienes logran mayores retornos y hacen mejor las cosas. Hacer, por nuestra parte, más con menos, como se dice ahora mismo casi de manera ritual. Pero algo así requiere de un cambio de modelo que no es simplemente el recortar por lo sano como está haciendo el Ministerio. Haciendo una analogía agrícola, en España hemos estado regando la ciencia y la Universidad “a manta”, por inundación. Eso ha permitido cosechar, pero también se ha derrochado mucho. En la Universidad española se ha tenido miedo a seleccionar y discriminar por el atávico pavor, avalado por la experiencia, que genera un gestor público español seleccionando y diciendo quién es bueno y quién no, que a poco que te descuidas te lo pone todo perdido de amigos, parientes y amantes. El sistema se ha basado en dar pasta, más o menos, a todos los que cumplían unos mínimos. No mucha, en general, pero repartida. Y exigiendo poco a cambio. Ello ha permitido florecer a quienes curraban, si bien lo han tenido que hacer muy bien para poder competir en Europa porque tenían normalmente menos fondos que sus homólogos de otros países, mientras que, a su vez, también se ha dado mucho dinero a gente que lo ha usado para su mayor gloria, para viajar, para montar cosas absurdas o para generar dinámicas clientelares con poco más de sustancia. Pero, aún así, los campos han producido. Es lo que tiene el riego a manta. Derrochas agua, pero sacas la cosecha.

Ahora no nos sobra el agua. Hay, pues, que optimizar, seleccionar y ser eficientes. Hemos de fijarnos en otros países y usar menos agua para tratar de tener la misma cosecha. Para ello hay que pasar a regar, si se me permite seguir con la metáfora hortofrutícola muy valenciana, por goteo, lo que permite ahorrar agua, sí, pero antes requiere de dos cosas. De haber estudiado en serio cuánta agua necesitamos exactamente por goteo como mínimo y, además, de poner en marcha los sistemas que permitan gestionar ese agua de modo eficiente para que llegue donde tiene que llegar y para que llegue en el momento en que es necesaria (esto es, sistemas que identifiquen lo necesario y lo prescindible, así como mecanismos para seleccionar a los buenos y distinguir el grano de la paja, aunque en ésta última haya amigos, amantes o lo que sea). Y nada de esto se ha hecho en España. Ni tiene pinta de que nadie se vaya a poner a hacerlo. O siquiera a intentarlo.

Lo que está haciendo el Gobierno, en cambio, es regar a manta, como toda la vida, pero usando la mitad de agua. Con este sistema la cosecha empieza a ser de menos calidad, al menos en primer término. Y luego directamente se te mueren algunos árboles. Como sigas y te pases con el recorte de agua te quedas sin un solo campo que produzca de verdad. Si se trata de ahorrar en ciencia, el sistema es por esta razón nefasto. Porque acaba convirtiendo en un erial lo que eran campos productivos y podrían (y deberían) seguir siéndolo.

Para recortar en ciencia e investigación hay un modelo, el que sigue el Gobierno, que es el que no se debe seguir: recortar linealmente para todos, dejar años sin convocatorias, restringir el dinero en algunas anualidades… Esto hace sufrir a todos los grupos por igual, buenos y malos, y compromete especialmente la viabilidad de los más ambiciosos, que necesitan estabilidad, inversiones a unos años vista, seguridad en las contrataciones… Desincentiva enormemente y acaba provocando pérdidas enormes, también de un capital humano muy valioso que cuesta mucho formar y que un país debe cuidar. Un verdadero desastre.

Lo que debería hacer el Gobierno, por el contrario, es identificar qué es necesario para mantener las cosechas y qué no. Y empezar a recortar de donde no. Tirando piedras contra mi propio tejado, creo que es obvio, por ejemplo, que las necesidades de inversión no son las mismas en ciencias sociales que en ciencias básicas. Así que una opción, para empezar, sería restringir (cuando no eliminar) los proyectos para ciencias sociales o disciplinas como Derecho salvo que se pudiera demostrar muy claramente que sin financiación adicional, por las razones que sea (que habrían de estar muy justificadas) es imposible llevar a cabo una determinada investigación (jurídica, por ejemplo). Porque, la verdad, si somos sinceros habríamos de reconocer que casi todo lo podemos hacer sin necesidad de financiación adicional. Pues pensemos seriamente en afrontar lo que es, sencillamente, la verdad (lo que requeriría, eso sí, cambiar las normas que vinculan a día de hoy en gran parte nuestra carrera profesional a este tipo de cosas para no salir comparativamente perjudicados también en ese punto por no tener proyectos, así como establecer mecanismos adicionales de financiación de ciertos bienes, esencialmente material bibliográfico, que ahora mismo se compran usando dinero de proyectos).

Otro tipo de restricciones podrían tener que ver con los usos del dinero, tanto en letras como en ciencias. Se podría y debería restringir mucho, por ejemplo, el dinero de proyectos que se usa para viajar o para congresos, pues estas actividades, aunque trabajos como el de Doménech y Puchades demuestran que generan algunas externalidades positivas y por ello puede tener sentido su financiación pública, es lo cierto que, sobre todo, benefician muy acusadamente a los asistentes (prestigio, networking…) y no estaría de más, por ello, introducir restricciones en la financiación pública de los mismos, incentivando que se redujera la oferta sólo a los más útiles, así como fomentando que los sujetos más interesados en los mismos por la utilidad que extraen participen de su financiación en mayor medida (o busquen recursos adicionales no públicos para poder acudir). Que nos acostumbráramos a que a los congresos se va pagando, al menos, una parte del viaje y de la estancia no es malo. Obliga a quien acude a hacer un “esfuerzo” por ir que normalmente incidirá en la eliminación de los malos, inútiles o los que se pueden sustituir por otros medios de entablar contacto y difundir resultados menos costosos.

Por último, y dado que la ciencia financiada con fondos públicos debiera estar disponible para todos, como regla general no hay que financiar con dinero público la publicación o edición de resultados en formas no públicas. Más allá de obligaciones como las de la Ley de la Ciencia, cuyos arts. 15.1c) y 37 ya obligan a los universitarios españoles a publicar en Internet todo lo que hacemos (y bien está que así sea porque sin duda ésta es y será la mejor manera de asegurar su máxima difusión, que es como se garantiza su mejor rentabilidad social) habría que empezar a asumir que ningún euro público ha de ir en la era de Internet a editar en papel (o internet) en revistas o editoriales privados trabajos científicos. Ese dinero se puede y debe ahorrar. La ciencia producida con dinero público que se publique en abierto y, si acaso, además, en las redes y en revistas o editoriales que la valoren por su calidad y quieran difundirla. De hecho éste es el leit-motiv del actual marco legal en la materia:

Artículo 37 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.
(…)
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

Es decir, que siempre, al menos según establece nuestro ordenamiento jurídico, ha de haber publicación en abierto y gratuita. Si la ley se cumpliera, de hecho, a estas alturas habríamos detectado ya un cambio, quizás al principio sólo gradual pero no por ello menos potente, en nuestros usos y costumbres en materia de difusión de lo que hacemos. Y, en el futuro, incluso, podríamos hasta acabar cambiando la manera en que valoramos el impacto (por ejemplo, ¿seguro que si todo estuviera en abierto y disponible un elemento como el número de descargas desde servidores diferentes no sería muy relevante para atestiguar impacto?). Ahora bien, como estamos en España, y aunque el texto legal es impecable, hay que empezar con la manida coletilla (y en materia de Universidad, más todavía) de “si la ley se cumpliera…”.

Véase, además, que la norma no impide, si el trabajo tiene el mérito suficiente como para generar interés en el circuito por así llamarlo “comercial”, que se publique también allí. La norma prevé que esta posibilidad es perfectamente compatible con la publicación en repositorios públicos. Y es que, para difusión en soportes propietarios y demás, si el mercado tiene interés en unos contenidos, pues miel sobre hojuelas: es una manera de difundir más (de hecho, todavía muy importante) la buena ciencia. Pero no se debe admitir que el dinero público vaya a editoriales privadas cuando ya existe la posibilidad de poder difundir, y muy bien, sin recurrir a ellas. Más que nada porque, a día de hoy, a efectos de lo importante, que es la difusión del saber y de la investigación de calidad, ya no hace falta (o no debería hacer falta si este criterio se aplicara por todos y se montara una buena red pública en abierto de difusión de todo). Afortunadamente. De manera que, si el trabajo es de suficiente interés hay que presumir que el circuito privado no necesita que se le pague por publicarlo (algo que, además, por cierto, altera la pretendida pureza de muchas revistas científicas que lo exigen, y no pequeño, si luego pretenden ir de medidores de excelencia, calidad y demás), sino que ya suficiente beneficio obtiene pudiendo hacer uso de él para un producto, la publicación en cuestión, que luego vende a sus suscriptores (que precisamente lo que buscan es contenidos de calidad).

Como puede verse, se trata de ideas sencillas muy poco desarrolladas y que están lejos de ser un programa completo, pero que permiten dar una idea de cómo se podría ir cribando, que es de lo que se trata, identificando a qué tiene sentido dedicar dinero y a qué no.

Lo que es absurdo es hacer lo que está haciendo nuestro Gobierno, ya que una limitación de fondos lineal y generalizada condena al sistema (y lo condena con efectos que se prolongarán durante años). Con el agravante de que recortando, como nos pasemos, y a este paso vamos por ese camino, nos cargamos no sólo la calidad de la cosecha o de algunas cosechas sino incluso los campos que tanto esfuerzo de años ha costado ir desbrozando y poner en producción. Porque esto no es un barbecho que permita retomar la producción cuando se quiera.

Quizás algunas de las ideas aquí esbozadas puedan ser discutibles, y puede que me falten datos y conocimientos sobre cómo son las cosas en otras áreas, con lo que esto es sólo un planteamiento grosero de inicio para empezar a debatir. Pero lo que está claro es que hay que comenzar a decidir sobre prioridades. Y en este sentido, y lo digo trabajando como trabajo en un ámbito radicalmente distinto, me parece obvio que la prioridad a la hora de dedicar el dinero público ha de ser la investigación básica en ciencias mucho antes que en sus vertientes aplicadas más rentables (donde si hay posibilidades de obtener beneficios de mercado debiera buscarse financiación privada) y que en campos como el mío (Derecho) y en general las ciencias sociales donde la investigación no requiere de mucho dinero, sino de incentivos ambientales y de carrera profesional para que quien la hace bien y de calidad se vea recompensado. En cambio, que la ciencia en España pueda avanzar y mejorar o estancarse sí depende mucho de la financiación. De su cuantía y de que el “goteo” se haga bien, donde toca y como toca. De eso debería ir este debate.

Fuente: Lapaginadefinitiva

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