Dacca, símbolo del ‘trabajo esclavo’, exige justicia después del mortífero derrumbe

En el edificio había cinco talleres de confección que trabajaban en particular para las marcas españolas Mango y británica Primark. Siete personas, incluida el propietario del edificio Rana Plaza, fueron detenidas y acusadas de homicidio involuntario.

 Luego de la tragedia de los talleres de confección que dejó más de 400 muertos, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de la capital de Bangladesh este 1 de mayo para exigir la horca para los dueños de los locales que fabricaban ropa para marcas occidentales.

402 muertos, un millar de heridos y 149 desaparecidos es el último balance de las víctimas del derrumbe del Rana Plaza, un edificio de ocho pisos que albergaba talleres de confección.

Una semana después del desploma del inmueble, los socorristas calculan que se necesitarán hasta 15 días más para seguir buscando cuerpos entre los escombros. La última persona con vida fue encontrada entre los restos del edificio el sábado.

“Queremos el castigo más severo para los responsables de esta tragedia”, dijo Kamrul Anam, uno de los dirigentes de la Liga Bangladeshí de la industria Textil y de Confección.

El gobierno del segundo exportador mundial de textiles -después de China- recibe críticas de todas partes. En el edificio había cinco talleres de confección que trabajaban en particular para las marcas española Mango y británica Primark.

Por lo pronto, Primark se comprometió a indemnizar a las víctimas de la catástrofe, en particular a los niños que quedaron huérfanos, mientras el grupo canadiense de distribución alimentaria Loblaw anunció también que iba a aportar una ayuda “significativa” a las familias de las víctimas.

Por otra parte, los familiares de las víctimas sospechan que el gobierno rechazó la ayuda propuesta por países extranjeros para participar en las operaciones de socorro, lo que las autoridades de ese país han desmentido.

Entretanto, siete personas, incluida el propietario del edificio Rana Plaza, fueron detenidas y acusadas de homicidio involuntario. Entre los acusados figuran también los ingenieros civiles que ordenaron a los obreros que volvieran a sus puestos de trabajo a pesar de las fisuras detectadas en los edificios.

En modo de protesta, la mayoría de las 4.500 fábricas textiles permanecen cerradas desde hace una semana.

RFI  /  LibreRed

 

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