La censura regresa a España de la mano de Casa Real, bancos, periódicos, políticos y editoriales

Juan Carlos charla confidencialmente con Berlusconi, propietario de Tele 5 y socio televisivo del Grupo Prisa

La censura de la multinacional editorial RBA (que agrupa desde Barcelona a las editoriales Gredos, Serres, Molino, La Magrana o Integral) sobre la revista “El Jueves” (que hace suponer que también la practica en sus otras 28 revistas españolas, entre ellas Lecturas, National Geographic o Saber Vivir) y la sanción a tres periodistas del diario “El Mundo” (Ana Romero, María Ramírez y Eduardo Suárez) por defender la libertad de expresión en su periódico, añade nuevas quiebras a la libertad de prensa en España (que no olvidemos es previa y condición indispensable de la libertad económica). Esto obliga a recordar nuestro pasado más tenebroso, que la actual “casta” del régimen quiere “actualizar”: en los siglos XVI y XVII fue la Inquisición con sus “Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum”, en el XVIII las prohibiciones de Carlos III, Carlos IV y Floridablanca, en el XIX fue Fernando VII el que revocó la libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz mientras que Isabel II también prohibió periódicos. Ya en el siglo XX la censura regresó con Franco y con Juan Carlos I y ahora, en el siglo XXI, pretende perpetuarse de nuevo con reyes y políticos, aunque se han sumado nuevos censores bajo la apariencia de tres nuevas figuras: periódicos, bancos y editoriales. Otros cinco casos registrados en España durante una sola semana revelaron que la censura, institución de rancio y enraizado abolengo en este país, apenas ha desaparecido salvo intermitentes y cortos periodos de libertad.

Los periodistas españoles saben bien que, como en los tiempos de Larra, escribir es llorar “y buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta”. Y ahora se corrobora que, a la muerte de Franco, la censura pasó a manos de los principales responsables de la Casa Real y de los políticos que la sostienen, que a su vez contratan periodistas para ejercerla en su nombre. Por último, también la ejercen las empresas y sus “gabinetes de comunicación”, principales financiadoras de los medios de comunicación por la vía publicitaria.

Pocos ciudadanos conocen que hasta el año 2010, escribir en España sobre las andanzas, juergas y manejos económicos del rey, los gastos opacos de la Casa Real e incluso las trapisondas del resto de la Familia regia, desde el yerno Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, el otro yerno Jaime de Marichalar y la infanta Elena, etc… estaba totalmente prohibido.

Spottorno y Ayuso, principales "mandarines" del rey, son los que ejercen la censura en España

La necesaria obligación que poseen los periodistas de chequear sus noticias con las fuentes aludidas dio lugar a un sistema que la Casa Real convirtió en perverso y que ahora pretende revitalizar: cuando reciben la información para contratarla y dar su versión, los altos cargos de la Casa Real no se limitan a dar su criterio al periodista que lo pide, sino que llaman a los editores de los periódicos o libros y, no contentos con la publicación de su versión, fuerzan la prohibición de la publicación entera.

De esta forma, para sobrevivir a la guillotina y la tijera, en las redacciones de los diarios se acordó tácitamente que las llamadas de cortesía a la Zarzuela se debían hacer a partir de las 19.00 de los viernes, día en que los altos funcionarios ya preparan desde bien pronto su fin de semana. Esta es la razón de que las principales noticias sobre la realeza solo se publiquen en diarios y revistas durante el fin de semana.

Con tan estrecho margen, Casa Real apenas puede localizar a los editores durante la noche del viernes o el fin de semana y así los periodistas logran sortear la censura. Todo ello se rompió definitivamente con el viaje de Juan Carlos a Bostwana, que afloró su relación con la princesa Corinna, vínculo sentimental que estaba en conocimiento de todas las redacciones al menos tres meses antes, junto con su residencia permanente en El Pardo, de carácter oficial y remozada con gran lujo y con fondos públicos. La puntilla fue el estallido del “caso Urdangarin”, que enfangó también a numerosos políticos que sufragaron con dinero del contribuyente informes falsos, actos inútiles o flagrantes megalomanías del ya tristemente famoso “Instituto Noos”.

6a00d8341bf85353ef017ee92d4a67970d-200wiLa decidida y honrada actuación del juez Castro, como lo está siendo la de otros magistrados incorruptibles como Mercedes Alaya (“caso de los Ere”), Elpidio Silva (“caso Bankia” y “caso Blesa”) o antes los jueces Garzón y Gómez de Liaño, expulsados de la carrera, ha sido otro obstáculo a la tenaz y despiadada labor de la censura, que ha sido denunciada, entre otros, por políticos que la vieron de cerca y se atrevieron a contarlo, como Iñaki Anasagasti.

Pero en España los actos de simple honradez o cumplimiento del deber se convierten en heroicos: ahora intentan administrar justicia sin división de poderes que la garantice el juez Bermúdez (“Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo”) o Josep María Pijuán (“Caso Cataluña Caixa”), con la imputación del ex ministro socialista Narcís Serra, Adolf Todó y 52 miembros de esta caja de ahorros. Ese banco necesitó millonarias ayudas públicas para evitar la quiebra, al tiempo que sus directivos se autoimponían sueldos e indemnizaciones de escándalo.

Faltarían aún por dilucidar, entre otros muchos, las responsabilidades de José Luis Olivas, alias “El Ruina” (el mote figura en Wikipedia, que lo ha tomado del diario “El País”) y Domingo Parra (Bancaja), Juan Francisco García, alias “El Flaco”, y Juan Manuel Suárez del Toro (Caja Insular de Ahorros de Canarias), Josep Ibern y Jaume Botern (Caja Laietana), Jose Manuel Espinosa Herrero y Agustín González González, tambien imputado (Caja Avila), Manuel Escribano y Miguel Angel Sanchez Plaza y Atilano Soto Rábanos, alias “Milano” (Caja Segovia), Juan Antonio Fernandez Velilla y Fernando Beltrán, cuya investigación ha sido pedida numerosas veces tras sus nombramientos (Caja Rioja). Todos ellos fueron los que, junto a Miguel Blesa en connivencia con dirigentes de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT, crearon ese monstruo llamado Bankia. Y ahora un grupo de jueces ha reclamado en un vídeo instaurar la necesaria “división de poderes” para poder juzgarlos:

Mariano José de Larra solía contar que en España eran delictivas hasta las preguntas. Todo ello contrasta con la impunidad de los robos al erario público, el tráfico de influencias, las decisiones políticas con grave coste económico o social, la codicia y usura en los negocios, etc… Para consolidar el actual estado de cosas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha establecido un nuevo régimen de conferencias de prensa sin preguntas y a través de una pantalla de plasma, algo que sus émulos en las administraciones autonómicas y locales se han aprestado a implantar. Los derechos de autor se deben remitir al nacionalista catalán Jordi Pujol y su célebre “No toca”, dos palabras con las que escondía sus (hoy se sabe ya) millonarios silencios:  “¿Adónde va usted. Sr. D. Fulano, si es que esta pregunta no le parece a usted inmoral?“, se quejaba con toda la ironía del mundo quien tenía que utilizar como pseudónimo “Fígaro” o “El pobrecito hablador”.

Hoy ocurre lo mismo que hace dos siglos y esta semana se han conocido en España cinco nuevos episodios de censura que, aunque de diferente calado, desvelan la profundidad y consecuencias de esta funesta manía de las élites españolas por coartar la libertad de expresión de quienes los mantienen en los cargos.

Fuente: Espia en el congreso

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s