¿Qué pasaría si no pagásemos la deuda?

deuda externas

Carlos Sánchez Mato y Gemma Tarafa
Miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD – Madrid y Catalunya)

La deuda española sigue estando en situación crítica. La mejora de los tipos de interés a los que se financia el Estado español ha sido considerable en el último año. Sin embargo, esa mejora de los costes de financiación de las nuevas emisiones de deuda pública y la reducción de la prima de riesgo no revelan una mejora de la solvencia de las administraciones públicas. Solamente el rescate por la puerta de atrás [1],  del que se han beneficiado las economías de la periferia europea, explica que podamos seguir refinanciando nuestra enorme deuda.

No obstante, ese auxilio no solo no ha solucionado el problema, sino que lo ha convertido en mucho más peligroso. En vez de abordar una política de reducción de la deuda pública a gran escala, se ha optado por una operación de salvamento que no ha sido más que una cortina de humo en búsqueda del verdadero objetivo, el rescate al sector bancario internacional.

Para ello se ha utilizado como herramienta la ilimitada financiación a las entidades bancarias privadas para que acudan a las subastas de la deuda soberana. Los bancos han destinado el dinero del Banco Central Europeo a la compra de deuda pública y a pagar los créditos con los que financiaron la burbuja. Eso les ha permitido obtener, a costa de las administraciones públicas, elevadísimos beneficios, pero en monto insuficiente para restablecer su solvencia.

La política implementada no ha ido acompañada de la adecuada depuración de los activos dañados y hay más dudas que certezas sobre el valor real de los activos bancarios. El segundo efecto de este rescate ha sido el cierre del crédito que sufre el sector privado, ya que para las entidades bancarias es mucho menos arriesgado comprar deuda soberana en vez de prestar recursos a empresas y familias sobreendeudadas.

Pero esto ha repercutido negativamente en los estados financieros de los bancos, ya que el estrangulamiento de familias y empresas ha supuesto un fuerte incremento de la morosidad y el debilitamiento de los balances bancarios. El círculo vicioso se completa con la profunda debilidad estructural de la deuda pública que han adquirido las entidades bancarias y que, paradójicamente, tienen la consideración para éstas de “activos libres de riesgo”.

El resultado supone una verdadera bomba de relojería, de la que solamente podemos dudar una cosa: el momento de su estallido [2].

El cóctel explosivo se completa con el rápido crecimiento de la deuda directa, de los avales y el déficit primario existente antes del pago de intereses motivado por la infrafinanciación de las administraciones públicas como consecuencia de políticas fiscales regresivas y una escandalosa permisividad ante el fraude y la elusión fiscal. La guinda es un endeudamiento externo de la economía española, que se ha situado en cifras máximas y que ya no existe capacidad de reducir el precio que se paga por el enorme endeudamiento existente, por lo que la verdadera espada de Damocles es el riesgo de subida de los tipos de interés.

El tratamiento aplicado no tiene capacidad más que de paliar parte de los síntomas de la enfermedad del sobreendeudamiento que aqueja a las economías europeas y, de forma extrema, a la española. La banca europea y, en concreto la española, sigue estando en situación de insolvencia y, al mismo tiempo, es la que financia los desequilibrios insostenibles de las administraciones públicas.  Para que las entidades bancarias puedan resistir, se acude en su auxilio con mecanismos que suponen una transferencia de recursos desde el ámbito público y eso compromete la solvencia de la deuda pública y agudiza por tanto los desequilibrios de los bancos.

Para romper ese perverso vínculo entre gobiernos y entidades bancarias es preciso enfrentarse a una cruda realidad: tanto entidades bancarias como administraciones públicas no podrán pagar sus deudas y será inevitable que tengan que aplicar quitas a sus acreedores para hacerlas sostenibles. No bastará con lo anterior, ya que, para alcanzar un nivel de sostenibilidad en la deuda, sería imprescindible realizar reducciones y quitas en las que asfixian a las familias, actuando de forma inmediata sobre la deuda hipotecaria fruto de la adquisición de la vivienda habitual de las familias en riesgo de exclusión.

Además del escenario de insostenibilidad de la deuda pública, hay que añadir la cuestión de su ilegitimidad. Esta realidad obliga a los ciudadanos a plantear la opción del impago como herramienta de salud democrática. Se trata de una condición necesaria para resolver la actual situación, pero no suficiente para evitar su reproducción.

Solo nacionalizando la mayor parte del sector financiero de manera definitiva se puede romper el círculo vicioso y se pueden poner a salvo los ahorros de la sociedad para dirigirlos a destinos diferentes de los marcados por la deriva suicida del hipertrofiado sistema bancario. Hay que evitar que estas quitas se lleven a cabo con pactos de despacho.

Debemos incorporar las finanzas a la nueva cultura democrática que emerge en el Estado y exigir transparencia y participación ciudadana. La auditoría ciudadana, como reclama la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), debe permitir aclarar qué deudas injustas, y por tanto ilegítimas, podrían ser las que se identificaran con estas necesarias quitas para recuperar la salud del sistema económico y democrático.

Cuando esto se plantea, nos  enfrentamos a la acusación inmediata de que esta medida nos sumiría en el caos más absoluto. Nos mienten una vez más tal y como nos demuestran las historias de los estados que se han enfrentado a los mercados cancelando deuda y aplicando restricciones a los flujos de capitales en los últimos años.

Casos como los de Malasia, Ecuador e Islandia, y como el de Argentina en la lucha en la actualidad por defender su soberanía frente a los fondos buitre, son ejemplos exitosos de ello. Olvidan conscientemente que, el enorme endeudamiento de la economía española podría jugar a nuestro favor si existe una firme voluntad política de que el proceso de impago beneficie al conjunto de la población y no a los responsables de lo ocurrido.

Sí que sería un caos pero, por primera vez en esta crisis, para las élites.

[1] En junio de 2012, España pide el rescate al Eurogrupo y la prima de riesgo alcanzó los 650 puntos básicos. El día 26 de julio, Mario Draghi realiza sus famosas declaraciones “El Banco Central Europeo hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente”. La interpretación de esta posición política como síntoma de fortaleza, provocó que la prima de riesgo cayera hasta los 500 puntos básicos. En septiembre de 2012, el Banco Central Europeo anuncia su programa de adquisición de bonos (OMT) para países con problemas. Este programa surte sus efectos sin necesidad de aplicarse y la prima va bajando poco a poco.  El respaldo supone que, en el caso de que se produzca un agravamiento de la situación, la entidad actuará como “prestamista de última instancia” para las emisiones de deuda pública, por lo que la demanda de bonos estaría garantizada y eso disminuye sensiblemente el riesgo de la inversión.

[2] Según un informe de Moody’s publicado en enero de 2014, “el reciente aumento en la propiedad por parte de los bancos españoles de bonos internos del Gobierno es insostenible. Una serie de bancos ha utilizado los préstamos a largo plazo otorgados por el Banco Central Europeo a finales de 2011 y principios de 2012 para comprar la deuda interna. Los bancos lo han hecho porque los bonos del Gobierno nacional se pueden utilizar como garantía para obtener financiación a bajo coste por parte del BCE, y porque la regulación considera los bonos del Estado de manera más positiva que con otras formas de deuda: las entidades pueden poseer la cantidad que deseen y los requerimientos de capital asociados son relativamente bajos”.

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