Detenidos cuatro cargos de Adif en la operación contra la red que amañaba contratos públicos

La UCO ha detenido a 26 personas en la ‘Operación Enredadera’, que ha desmantelado una trama que había logrado infiltrarse en organismos de distintas Administraciones Públicas con la ayuda de funcionarios y responsables públicos. Los agentes han registrado a primera hora la Diputación de Sevilla aunque las detenciones se han desarrollado en 13 provincias.

La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo

La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo

La Guardia Civil está desarrollando desde primeras horas de la mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, la ‘Operación enredadera’ en la que está previsto detener e imputar a cerca de treinta personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal, según ha comunicado el Ministerio de Interior.

Fuentes de la investigación han confirmado a Vozpópuli que cuatro cargos de Adif han sido detenidos en medio de la operación, en la que también se están llevando a cabo registros en los servidores del operador en Madrid. En concreto, ha habido un detenido en Sevilla, otro en Córdoba y dos más en Zaragoza. Además, entre los 26 arrestados por el momento figura un consejero de Fomento de Extremadura. La mayoría de los detenidos son funcionarios de diferentes provincias de Andalucía, Extremadura, Canarias, Barcelona y Madrid, presuntamente relacionados con una trama de pagos ilegales a funcionarios a cambio de concesiones públicas a empresas.

Esta fase de explotación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo.

Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa mencionada había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.

Varios registros

Los agentes de la UCO se han personado este martes en la Diputación de Sevilla a fin de practicar una entrada y registro dentro de la tercera fase de la ‘Operación Madeja’, de la que nace la ‘Operación Enredadera’, en la que la juez Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, dentro de la tercera fase de la ‘Operación Madeja’, agentes de la UCO, a bordo de dos vehículos, se han personado alrededor de las 9.00 horas de este martes en la Diputación Provincial de Sevilla, ubicada en la avenida Menéndez Pelayo de la capital hispalense, y han entrado en el edificio provistos de cajas de cartón.

Las mismas fuentes han indicado que la entrada en la Diputación se produce después del análisis llevado en torno a distinta documentación relacionada con Fitonovo, y en la misma se ha efectuado un registro en el despacho del responsable del departamento de Carreteras en la Diputación Provincial, Carlos Podio. Según las fuentes, la operación es más amplia y no sólo se circunscribe a Sevilla, sino también a otras provincias andaluzas y a otras comunidades autónomas.

Alaya dictó un auto este lunes en el que prorrogó nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación ‘Madeja’, que se ha desarrollado en dos fases entre julio y diciembre de 2013 y que acumula hasta el momento 13 personas imputadas.

Una investigación interna no detectó irregularidades

Una investigación interna abierta por la Diputación de Sevilla tras la segunda fase de la operación Madeja no detectó irregularidades en la tramitación de expedientes del servicio de carreteras al que pertenece Carlos Podio, cuyo despacho y puesto de trabajo está siendo registrado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la tercera fase de esta operación.

Así lo ha informado este martes en un comunicado la propia Diputación, en el que asegura que “pone todos sus medios a disposición de la Justicia para el total esclarecimiento de los hechos” relacionados con la operación Madeja a raíz del registro motivado por un auto de la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya.

En la nota, la Diputación explica que, tras la aparición de informaciones en los medios de comunicación a finales de 2013 que “relacionaban al funcionario Carlos Manuel Podio Lora con la operación Madeja”, abrió, a instancias de su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, “una comisión interna de investigación para analizar los expedientes relacionados con el servicio de Carreteras, adscrito al Área de Cohesión Territorial de la Diputación”.

“Conforme a la normativa estatal”

Una vez finalizada la comisión interna de investigación, creada en diciembre y que desarrolló su trabajo por espacio de tres meses, el servicio de contratación de la Diputación concluyó que “todas las tramitaciones de los expedientes de adjudicación de contratos en el servicio de Carreteras son conformes a la normativa estatal”, subraya el comunicado.

Según fuentes de la Diputación consultadas por Europa Press, el funcionario Carlos Podio, cuyo despacho está siendo registrado por la UCO, se reincorporó a su puesto “hace unos días” después de cerca de un “año de baja por enfermedad”.

Fuente: Voxpopuli

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