Y Lidia sentenció a favor del derecho humano al agua en México

  • El máximo tribunal mexicano concreta por primera vez la violación al derecho humano al agua y al saneamiento: cien litros por persona y día.
  • La resolución ha sido posible gracias a la demanda abierta por una vecina hace más de tres años, un caso que acompañó Periodismo Humano.

Ha sido Lidia. Aunque su victoria sea también la de Gloria, Carlota y Marta. Y por extensión, la de la comunidad Ampliación Tres de Mayo. Mejor dicho, la de la localidad de Alpuyeca. Es más, la alegría podría ampliarse al municipio de Xochitepec. Incluso al Estado de Morelos entero. Y siendo sinceros, a todo México, cuyo engranaje judicial ha cedido ante el empuje de una mujer arropada por el derecho humano al agua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal, ha definido por vez primera la violación al derecho humano al agua y al saneamiento.

Las cuatro vecinas que allá por finales de 2011 pusieron en jaque al todopoderoso sistema mexicano abriendo la llave del agua están exultantes. Es en todo caso el principio del fin de su lucha. O tal vez el fin de su principio. Porque como denuncian los datos, todavía queda mucho por hacer: en concreto, entre diez y trece millones de personas sin acceso (en un país de unos 120 millones de habitantes), según estimaciones oficiales como las de CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Esta horquilla la ridiculizan voces como la de la coordinadora de la red civil de acción por el agua FANMex, Nathalie Seguín, quien triplica los guarismos y sospecha “un resultado aún más alarmante” cuando los cálculos incluyen el saneamiento.

Y deberían, pues tanto el acceso al agua como al saneamiento son un derecho humano reconocido por la propia Asamblea de Naciones Unidas desde 2010. Ahora toca que los Estados miembros cumplan su propio acuerdo. El camino es tortuoso, más incluso que la entrada hasta la casa de Lidia. “El maquillaje de cifras es impresionante. Obvian por ejemplo a quienes tienen acceso a un agua que no es de calidad suficiente no ya para beberla sino para el mero contacto humano, es decir, que no la puedes usar”, denuncia Seguín.

Pero ésta es sobre todo una historia de esfuerzos que merecen la pena. Periodismo Humano acompañó a Lidia, Gloria, Carlota y Marta en sus primeros pasos. “Son muchos los sacrificios. Tenemos que recoger agua hasta de los charcos. También aprovechamos la que se almacena en la carretilla o en las llantas que hay tiradas. La reciclamos para el baño, para regar las plantas y para dar una barrida”, se lamentaba hace más de tres años Lidia.

Acababan de acudir a un grupo de abogados coordinados por la red internacional sin ánimo de lucro Habitat International Coalition en América Latina (HIC-AL). Tras una primera valoración, los peritos decidieron encaminar el litigio centrándose en quienes no tenían agua. El objetivo era doble: alcanzar un precedente jurídico que, a la postre, sirviera para revertir la situación. “Significa que los órganos encargados de interpretar las leyes afirmen explícitamente que el agua es un derecho humano. El próximo juez que tenga que resolver un caso parecido ya tendrá un ejemplo en el que basar su sentencia, con lo que se genera un efecto cascada muy importante”, reconocía uno de los abogados, Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

Cien litros por persona al día

Y lo lograron. El miércoles 26 de noviembre de 2014 pasará a la historia como el día que alcanzaron su primer propósito. La SCJN ha establecido que se viola el derecho humano al agua si una persona recibe menos de cien litros de líquido al día, precisamente los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud. Además, define el derecho al saneamiento conforme a lo establecido por la legislación internacional en materia de derechos humanos, es decir, debe entenderse como un sistema para “la recogida, el transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene”.

Cabe en un párrafo pero el camino judicial ha sido largo y tedioso. Cada uno de los cuatro juicios, el de Lidia, el de Carlota, el de Marta y el de Gloria, siguió una vía distinta e individual. Prosperó el de Lidia. Las autoridades se vieron acorraladas y accedieron a instalar en la comunidad Ampliación Tres de Mayo una tubería cuyas deficiencias dejaron al desnudo las primeras lluvias, tal y como pudo comprobar este medio. “Mucha tubería pero seguimos sin agua”, se lamentaba Lidia. Fue “una estrategia del Gobierno para callarnos la boca”, refrendaba Gutiérrez. Calidad aparte, aquella cañería apenas les dejaba agua una vez a la semana, durante tres horas.

Esta vez al otro lado del teléfono, el investigador describe lo que pasó después: “El momento más duro fue cuando la autoridad alegó que ya no podía dar más agua e intentó convencer a Lidia de varias formas, muy perversas algunas, para que desistiese del amparo. Intercambiamos documentos y pareceres durante un año, en el que Lidia fue amenazada. Le ofrecieron trabajo en el municipio y, una vez lo tuvo, le dijeron que se lo quitaban si no cedía. Después aparecieron por su calle unos vehículos sin placas y con vidrios oscuros, todo en un contexto de violencia muy extendido, el de Morelos. Y un buen día la casa de Lidia se incendió, no sabemos ni cómo ni por qué… parece que por un fallo eléctrico…”.

Fueron los recovecos más complicados. El equipo jurídico no dejó de hablar con diputados y funcionarios. “Alegaban no tener dinero y que, si daban más agua a la comunidad, incurrirían en una situación de discriminación, toda vez que Alpuyeca tiene agua una vez a la semana, tres horas” (el Estado de Morelos es uno de los que menor índice de disponibilidad media per cápita tiene), recuerda Gutiérrez, que denuncia el “argumento tramposo” de un municipio “que está en otras lógicas, más de carácter electoral”.

Las violaciones más allá de un precedente histórico

La jueza dio en ese momento por cumplida la sentencia. A su juicio, aquella tubería cuyas vergüenzas habían destapado las primeras tormentas era suficiente. “Eso fue lo que nos permitió escalar a la Suprema Corte…”, admite el abogado con suspiro agridulce por el que se intuye un vaso medio lleno. El de un precedente jurisdiccional histórico que, al menos de momento, no ha supuesto ni un solo minuto extra de agua al día para Lidia, Gloria Carlota y Marta. “Seguimos en la lucha. El caso regresa a la jueza de distrito y volveremos a exigir al municipio que cumpla con su deber”, vaticina Gutiérrez.

Las cuatro mexicanas abrieron la llave del derecho humano siguen sin entender su situación. La de una tubería que sigue ahí, tan rácana como en los tres últimos años. Están contentas. Pero lo del precedente les suena demasiado abstracto. Lo que quieren es agua. Mientras se soluciona su situación, que viola los derechos humanos establecidos y acordados por países como México en 2010, han recibido una capacitación de organizaciones indígenas para construir sus propias cisternas. El café que hoy prepara Lidia, antes imperiosamente a base de agua embotellada, ha añadido el sabor de un tanque de captación de precipitaciones.

Tampoco han variado mucho las contradicciones que se levantan a escasos metros de sus casas, en forma de complejos residenciales que no escatiman en zonas verdes, incluyendo unos campos de golf. “Ahora hay muchas más casas construidas. Incentivados, los constructores siguen y siguen sacando agua para casas de lujo”, se lamenta Gutiérrez.

Reivindicaciones ciudadanas por un cambio de modelo

México constitucionalizó el derecho humano al agua en el Artículo 4 y, desde entonces (febrero de 2012), discute una nueva ley de aguas para todo el país. “Están los elementos pero el derecho al saneamiento está completamente mal interpretado, pues se entiende como si fuera exclusivamente el saneamiento del agua, cuando es un elemento pero lo que infiere literalmente es el acceso a un retrete, además de un sistema que recupere los residuos”, advierte la coordinadora de FANMex, que recuerda por si acaso que México está obligado a cumplirlo, pues el Artículo 1 sitúa el Derecho Internacional “al mismo nivel” que la Constitución.

Una propuesta cívica, oficialmente bajo la forma de Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y respaldada tanto por la sociedad como por la academia, propugna desde septiembre de 2012 la mejora de este entramado legal. “La propia Constitución da a la ciudadanía un papel relevante respecto al agua”, subraya Nathalie Seguín, una de las personas que mejor conoce este proceso desde dentro. Su hoja de ruta incluye seis puntos claros: garantizar el agua para los ecosistemas hídricos; agua y saneamiento de calidad para todos; agua para la soberanía alimentaria; fin a la contaminación de los cuerpos de agua; terminar con la destrucción de las cuencas, en el sentido de prohibir las industrias extractivas como la fractura hidráulica, la minería tóxica y los grandes trasvases; y acabar con el mal manejo que sufre el vital líquido.

En un contexto de creciente desertificación (en los últimos años la disponibilidad ha caído de 11.500 metros cúbicos anuales por persona a menos de 4.000, según los datos que maneja FANMex), este proyecto respalda el buen uso comunitario del agua registrado en algunos casos, que Seguín anima a “reconocer y fortalecer” gubernamentalmente. Pide además la creación de un Fondo Nacional para el derecho humano al agua y al saneamiento que recoja fondos “de todas aquellas empresas que se lucran con el agua. Buscamos recuperar un porcentaje”. La tercera reivindicación propugna un cambio en el sistema de concesiones, “que en vez de permitir y privilegiar que quien contamine pague, perforando por todos lados, se apueste por el uso del agua, con tres prioridades: ecosistemas, consumo humano y subsistencia alimentaria. Sólo partir de ahí vendría el uso industrial”, resume la coordinadora de FANMex.

Lidia tiene mucho que ver en los logros que coseche esta Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Aunque no lo sepa, aunque le parezca demasiado abstracto, aunque su situación siga violando los derechos humanos, el precedente que ha sentado es un “respaldo absoluto. La sentencia ha sido música para mis oídos”, reconoce Seguín, consciente de que “falta mucho”. Empezando por esos 30 o 40 millones de mexicanas y mexicanos que siguen sin acceso a agua de calidad. Y por quienes tampoco disfrutan del derecho humano al saneamiento.­­­

Fuente: periodismo humano

por · Mª Ángeles Fernández

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