Estudio sobre el pernicioso impacto sexual de las bases yankis

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En muchas ocasiones, últimamente, hemos hablado de que las bases militares de USA no aportan casi trabajo e inversiones a las zonas donde se ubican.

También hemos señalado que provocan un aumento del riesgo de atentados terroristas y peligros para la población por las actividades militares que realizan.

Ahora nos hacemos eco de las conclusiones de un informe de 809 páginas de Renán Vega Cantor, profesor de la Universidad de Bogotá, en el que se las considera zonas inseguras, debido al “imperialismo sexual”. Relata que

las violaciones y tráfico sexual que realizan funcionarios civiles y militares de EE.UU.” en su país: el caso de las 53 niñas abusadas en las localidades de Melgar y Girardot en 2007. El más difundido de estos delitos es el de la hija de Olga Lucía Castillo. Tenía 12 años cuando la secuestraron y drogaron en una discoteca. Terminó en la base aérea de Tolemaida, donde la violaron dos uniformados estadounidenses. Pero hay más. Como lo documentan las denuncias de prostitución infantil en el puerto de Tumaco, sobre el Pacífico, conocidas en 2013. O los sitios de Internet descubiertos en 2010 que ofrecían sexo con mujeres y niñas en la zona vecina a la base de Palanquero.

El autor expande la situación fuera de Colombia:

Cuando habla de “imperialismo sexual”, Vega Cantor compara el caso de Colombia con el de “todos los lugares donde se encuentran militares de Estados Unidos, como en Filipinas, Japón o Corea del Sur

Otra periodista lo describe en términos parecidos:

Basándose en el texto de Vega Cantor, una guerrillera de las FARC, Natalie Mistral, escribió un extenso artículo donde sostiene que “la prostitución organizada alrededor de las bases norteamericanas es justificada por la administración militar con el eufemismo de ‘las necesidades sexuales’ de sus soldados. Estamos ante el mayor proxeneta del planeta.

Pero también existen denuncias desde Estados Unidos:

La periodista norteamericana Debra McNutt escribió un interesante artículo en 2007 titulado “La prostitución militarizada y la ocupación de Irak”, donde recuerda que “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen prohibido tratar con prostitutas”. Está documentado hasta por el cine de Hollywood que la realidad funciona al revés. Con varios centenares de bases desparramadas por el mundo o más de mil según de qué fuente se trate, alrededor de cada una se expande el problema de la trata de mujeres, su explotación y el abuso de menores.

Donde las tropas de EE.UU. se han establecido por un tiempo prolongado, las redes de prostitución gozan de buena salud. En 2005, Sarah Mendelson, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, escribió un informe titulado “Barracas y burdeles”: “Los oficiales militares suelen hacer la vista gorda con la explotación de mujeres por el personal militar y el de los contratistas privados, porque quieren elevar la ‘moral’ de sus hombres”. Se refería al conflicto de los Balcanes. La semejanza con lo que ocurre en Colombia es notoria. La naturalización de los delitos sexuales también.

Como en España existen bases militares yankis, es normal preguntarse si aquí ocurre lo mismo.

El diario La Razón publicaba en 2011 un recordatorio sobre los inicios de la base de Rota, entre algunas historias halagüeñas nos cuenta, como de rondón, que:

No sólo llegaron cientos y cientos de jóvenes americanos, con sus barritas de chocolate y leche que repartían en los colegios, sino que llegaban tras estar meses y meses en el mar. Desembarcaban con ganas de todo. De un prostíbulo en Rota, se pasó a más de mil prostitutas que llegaron de toda España y transformaron la Avenida de San Fernando en una calle llena de «bares», con comillas, sí.

Y algo, o mucho, de verdad debe haber cuando la propia página de turismo Rota.com.es dice un gran número de personas desinformadas tienen el concepto de que si en Rota hay muchos americanos también hay muchas más prostitutas.

Impunidad yanki.

Nos basamos en el otro país:

Ya Rota no es uno de los burdeles más grandes de Europa, a donde llegaban vuelos charter cargados de prostitutas de casi todos las capitales europeas cada vez que recalaban los 35.000 hombres de la VI Flota. Pero si un militar norteamericano viola a una ciudadana en nuestro país, según el acuerdo bilateral, será juzgado en los Estados Unidos por un tribunal militar de ese país. En los últimos veinte años, son incalculables los casos de violaciones, asesinatos y acusaciones de malos tratos a ciudadanos norteamericanos en Rota. Uno de los casos que más han encendido los ánimos fue el sucedido en los aledaños del puerto pesquero de esta ciudad, en donde, hace dos años, tres marines completamente borrachos mataron a golpes a un joven roteño. Detenidos por la policía local, fueron entregados a las autoridades militares norteamericanas, se celebró un posterior juicio en los EEUU y han quedado absueltos y sin cargo alguno.

Esa impunidad chulesca, consentida por los patrióticos gobiernos españoles, rizó el rizo cuando, en el año 1997, el buque de aprovisionamiento de la Navy J.P. Bobo rompió las cadenas de fondeo en aguas de la Bahía de Cádiz durante un temporal. El buque, que procedía del Golfo Pérsico tras arrimar armamento y carros de combate en la Operación Tormenta del Desierto, embarrancó en la costa de El Puerto de Santa María. Miles de litros de combustible se vertieron en las aguas de la Bahía de Cádiz. Cientos de miles de kilos de moluscos, algas y peces murieron y la flota de bajura tuvo prohibida sus faenas durante varios meses. Abierto un proceso judicial para delimitar las responsabilidades, claramente centradas en la incompetencia del comandante del transporte de guerra, el gobierno de los EEUU se negó reiteradamente a que éste compareciese ante los jueces españoles y nunca ha sido juzgado.

Otra muestra de la indefensión ante el Imperio lo tienen los trabajadores de la base que han sufrido “asbestosis”, una enfermedad respiratoria maligna producida por la inhalación de aire contaminado por fibras de este producto, ya prohibido, y que se utilizó durante décadas para el aislamiento acústico y térmico de todo tipo de instalaciones. Han sido cientos los casos de trabajadores españoles contaminados. En ningún caso las autoridades judiciales y sanitarias españolas pudieron obtener facilidades para juzgar a los responsables, la Administración norteamericana, claro está. Los afectados han tenido que recurrir a costosos gabinetes jurídicos yanquis, que tras, llevarse una suculenta tajada, han conseguido exiguas indemnizaciones y más raquíticas condenas.

¿Cabría pensar que sería lógico requerir a nuestros gobernantes en Defensa sus responsabilidades políticas y penales por la dejadez con la que negociaron los acuerdos sobre las bases militares?

Otra fuente nos hace, en el caso español, una crónica que comienza con un tono costumbrista pero acaba con una acertada crítica al imperialismo:

y por las noches, los coches blancos de la Policía Naval americana, con sus luces intermitentes azules, patrullan alrededor de los innumerables cabarets, pubs o bares de niñas, centros de diversión para los hombres de la base que completan la fisonomía de Rota como lo que es: una colonia, un pueblo —población y habitantes— que no es dueño de sus destinos, sino que vive supeditado en lo económico y lo cultural a una potencia extraña, aparentemente parásito de ésta; en realidad dejándose chupar sus fluidos vitales: su identidad, el trabajo de sus hijos, la seguridad de todos…

Parece ser que el problema es global. También español. Y que existe impunidad yanki por decisión de nuestros políticos.

Una vergüenza, otra vergüenza.

Fuente: http://www.utopiacontagiosa.org/201…

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